Idealismo de un país no corrompido por el sector público y la socialdemocracia.


En esta continuación del primer artículo de crítica al funcionariado se sientan las alternativas —no poco idealistas— para que el país optimice los recursos destinados al sector público que la socialdemocracia ha convertido en un caladero de votos gracias al clientelismo político que practica mediante tres causas principales: la irrefrenable oferta de plazas innecesarias, la seguridad de un puesto de por vida, y las subidas de sueldo por decreto —sobre todo esta última—. Empezando por la primera de ellas, el manual del buen keynesiano dice que cuando la economía se frena porque el sector privado ha entrado en crisis, es el sector público el que debe tirar del carro. ¿Cómo? Abriendo proyectos con capital público para dar trabajo a empresas privadas, generando así riqueza y empleo. Keynes es un referente económico para los políticos socialdemócratas por su afán de reducción del desempleo, y aunque su doctrina es reconocida, no siempre es perfectamente funcional. Han de darse ciertas condiciones macroeconómicas para que su aplicación no sea contraproducente. Aunque sus políticas chocan con el ideal liberal de contracción del gasto público, pueden tener el efecto deseado si no son extensas en el tiempo, es decir, que han de aplicarse coyunturalmente para que el sector privado se recupere —cabe recordar que Keynes fue capitalista—.

Sin embargo, el mal burocrático que nos condena no viene por doctrinas keynesianas de proyectos públicos reactivadores de la economía, sino por la contratación de empleados públicos para mitigar el desempleo, que en muchos casos son innecesarios. Conviene pararse a mirar la viñeta de Forges —¿cómo no?— que ilustra a la perfección la denuncia planteada. Ya en el anterior artículo se mostró cómo crecían sin parar los empleos públicos, y con los datos recién publicados de la EPA del tercer trimestre de 2022, se vuelve a constatar dicho incremento. Tan es así que las cifras del INE arrojan la creación de 25.400 puestos de trabajo en el sector privado, un 0,1% más respecto al trimestre anterior, frente a los 52.300 empleos (+1,5%) del sector público. A 30 de septiembre de 2022 hay 3.506.200 empleados del Estado y 17.039.600 trabajadores de empresas privadas. No obstante, España no está ni a la cabeza ni a la cola en el ranking europeo de empleados públicos. Según el siguiente gráfico, se sitúa en la mitad inferior del total de países comparados, muy cerca del Reino Unido, pero eso sí, con muchas menos personas trabajando. En uno de los extremos aparece Noruega con el mayor ratio de trabajadores a cuenta del Estado respecto del total de asalariados, frente a Japón con una situación totalmente opuesta —indicar que no se mide la tasa de paro, sino el total de personas con trabajo—. Lógicamente, el modelo al que debería ir España es hacia los países a su derecha, tomando como ejemplo el caso alemán por ser el más cercano en términos políticos, económicos y geográficos. Habiendo analizado la primera causa del despilfarro que supone el sector público, queda detenerse en el efecto llamada que dichos puestos generan en la población. Esto es, trabajo seguro de por vida y subidas salariales por gracia política, aparte de trienios y sexenios, independientemente del desempeño individual. Con esas condiciones, y estando los puestos públicos bien pagados, ¿a quién no le seduce prepararse una oposición para la burocracia como descarga de responsabilidad y plan de futuro? Es esta una estrategia clientelar histórica de los gobiernos de izquierdas para asegurarse el voto; no en vano, el engorde estatal es el plan a seguir por partidos socialdemócratas y socialistas —y fascistas— en contraposición al plan liberal de adelgazamiento. Gastar, gastar mucho. El Estado de Bienestar cada vez es más voraz, y si no llega a ser por la crisis de 2008 y la pandemia de covid las líneas de la gráfica se saldrían de las cotas, a pesar de que la población española ha tenido un crecimiento acumulado por cambio natural (nacimientos menos fallecimientos) en los últimos veinte años del 0%. ¿Cómo puede haber un crecimiento del cero cuando en 2002 había 41 millones de personas y 47 en 2020? ¿De dónde salen esos seis millones de diferencia? De la inmigración. Concretamente, la variación acumulada de inmigrantes desde el año 2000 al 2018 fue de 6.289.630 de personas¹. ¿Qué significan estos datos? Que España importa mano de obra para sufragar parte del inmenso despilfarro público. Cuanto más crece el Estado de Bienestar de un país, más población necesita; y a más población, más Estado de Bienestar y más gasto. Es un claro círculo vicioso provocado por políticas clientelares propias de la socialdemocracia.

Mitigar la situación es prácticamente una utopía. Hay muchas partes interesadas en que el sistema siga funcionando de esta manera. Hasta que sea insostenible, que ya lo es con una deuda pública del 118% del PIB y con una Seguridad Social quebrada, pero conviene seguir estirando el chicle. El juego perverso de la democracia seguirá adelante mientras tanto. Ahora bien, desde una óptica liberal la solución es obvia: reducir el gasto optimizando el sector público. Esto es, privatizar sectores completos sacando a concurso los servicios necesarios y donde los empleados pertenecerán al Régimen General. Solo serían funcionarios del Estado los sectores estratégicos del país: Justicia, Seguridad, Sanidad y Educación. Todo lo demás es clientelismo político.