¿Una empresa energética pública solucionaría las subidas de precios de la luz?


Hoy el precio de la luz bate su propio récord. Da igual cuándo leas esto. Resignación y ahorro forzoso. Apaga las luces, saca el abanico e intenta ensuciar lo menos posible, que la lavadora y el lavavajillas gastan mucho. Esas son las recomendaciones del Gobierno que clamaba contra Rajoy cuando la luz subió un 8%. Ahora está en cifras superiores al 200% desde entonces, y no parece que vaya a detenerse. Aquí se explican los motivos de semejante escalada de precios, indispensable para entender por qué las soluciones mágicas pensadas por los socios minoritarios del Gobierno son peregrinas y de dudosa eficacia. Porque Unidas Podemos miente. También da igual cuándo leas esto. Sostienen que la creación de una empresa pública de energía es la solución a los altos precios. Argumentan que la culpa la tiene exclusivamente el oligopolio energético español. Y denuncian que la puja que casa la oferta con la demanda en la subasta es la más cara. Empecemos por el final.

Esta tabla representa una sencilla simulación del establecimiento del precio por hora de la electricidad en España y en otros países europeos, entre ellos nuestro vecino peninsular. Es fácil de entender. A la izquierda, el coste de generación por cada tipo de central que interviene en el mix eléctrico. Los ceros marcados en rojo corresponden con los costes bajos de las energías renovables (en verde) y la nuclear (en rosa), la cual trabaja constantemente y un parón puede ser más caro que mantener el funcionamiento. Éstas, además, no pagan derechos de emisión de CO2. La hidráulica, a pesar de ser renovable, tiene unos costes de generación superiores a las anteriores en escenarios normales, que se incrementan cuando las eléctricas vacían pantanos deliberadamente —según lo explicado en el artículo antes referenciado—. Por último, las de mayor coste son las no renovables por dos motivos: el precio de la materia prima (gas, carbón, biomasa), y los derechos de emisión de CO2. A la derecha, el funcionamiento del sistema de casación suponiendo cuatro horas del día, incluyendo la hora más cara. En azul, la demanda para cada hora; en amarillo, la oferta de las centrales; y en verde más oscuro, la oferta que consigue casar con la demanda, es decir, se suman las ofertas hasta que llega una que completa la demanda. Cuando la demanda es baja, el mix está compuesto por energías baratas, pero cuando es alta, han de suministrar las centrales de mayor coste de generación. El precio al consumidor (PVPC) es la multiplicación de cada oferta por el coste de generación —nótese que las magnitudes entre oferta/demanda y coste/precio son diferentes—. Por tanto, no es cierto que la última oferta sea la más cara deliberadamente en interés de las energéticas, lo es porque el algoritmo que se encarga de la casación ordena las ofertas de menor a mayor. En horas valle la energía barata es suficiente para completar la demanda, pero no en horas pico, con lo que interviene la energía cara que hace subir el precio final.

Desde que se genera la energía hasta que llega al consumidor intervienen varios actores. El primero es, obviamente, el oligopolio energético. El segundo es la semipública Red Eléctrica de España (REE), encargada del monopolio del transporte y distribución. El tercero son los costes regulados, que abarcan varios conceptos como las primas a las renovables, el servicio de interrumpibilidad de los grandes consumidores (industrias), los operadores del sistema y del mercado, o los reguladores (Comisión Nacional de Energía, ahora integrada dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). El cuarto son las comercializadoras, que la mayor parte pertenecen a las grandes energéticas. Y el quinto es el Estado y su voracidad fiscal. ¿Se debe culpar del precio de la luz a las energéticas exclusivamente? En absoluto. Es más, solo un tercio de la factura corresponde al coste de generación, el resto cubre los costes regulados e impuestos.

Una eléctrica pública como catarsis social. Muchos países europeos tienen eléctricas públicas. La luz es un bien de primera necesidad que no puede estar en manos de empresas que buscan beneficio a toda costa. ¡Exprópiese! Mantras importados de la América bolivariana. A la fuerza ahorcan los misioneros de Chávez. No es tan fácil nacionalizar a golpe de socialismo. Si se aplicase el artículo 128 de la Constitución Española, se encontraría con el 33, que obliga a indemnizar a los dueños de la/s empresa/s expropiada/s. Endesa tiene un capital social admitido de más de 1.200 millones de euros. Pagar la indemnización encarecería la luz más de lo que cuesta ahora. Otro método es esperar a que acaben las concesiones de explotación de muchas centrales hidroeléctricas propiedad del Estado, pero es una solución a muy largo plazo, aunque las fechas exactas de caducidad no son de dominio público.

Imaginemos por un momento que todos los intervinientes del proceso eléctrico fuesen propiedad del Estado. La situación sería parecida a la de ahora. Los costes de producción y transporte son los que son, el precio de las materias primas seguiría siendo alto, y los derechos de emisión de CO2 se seguirían pagando dado que es un impuesto recaudado por la Unión Europea que luego reparte entre los países. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Básicamente dos: los beneficios de las empresas y los impuestos. Ambos conceptos desaparecerían, el primero por razones obvias; el segundo por una supuesta eliminación del impuesto a la electricidad y una exención del IVA —ateniéndose a que fuese catalogada como una nueva actividad de este  listado—. ¿Hasta qué punto se vería reducida la factura de la luz? Es difícil saberlo. Lo que no deja lugar a duda es que mientras España sea un país dependiente de materias primas como el gas, se verá plenamente afectada por los vaivenes del mercado de futuros donde se establece su precio. No obstante, conociendo el corte ideológico de los que nos gobiernan, en la mágica idea de la eléctrica pública habrá una letra pequeña en la que se especifica que la luz volverá a ser barata porque la pagarán los ricos.