¿Es comprensible la ayuda del Gobierno al sector audiovisual privado?




Una de las medidas económicas implantadas por el Gobierno en plena crisis del coronavirus ha sido la de destinar una partida de 15 millones de euros al sector audiovisual privado español, compuesto casi enteramente por los conglomerados Atresmedia y Mediaset España. Tal medida obedece a la paliación de los desajustes presupuestarios de dichos grupos ante la caída de sus ingresos por publicidad durante el periodo de confinamiento de la ciudadanía. Si la gente no puede salir a comprar, los anunciantes no gastan un buen dinero en publicidad inerte, y estos medios de comunicación se ven muy dañados porque su actividad no está cesando estos días. Pero, ¿es suficiente ese montante a repartir? No lo parece si atendemos a que un spot comercial común (20 segundos) en horario de máxima audiencia (entre las 22:00 y las 23:30 horas) puede llegar a costar entre 20.000 y 25.000 euros en las dos cadenas más vistas. Pero antes de responder a la pregunta de la cabecera, debemos comprender algo más:

Si dos átomos de la molécula audiovisual en España son los conglomerados antes mencionados, el tercero es RTVE, el grupo de capital público, o lo que es lo mismo, el que se financia con los impuestos de los contribuyentes, consuman o no sus contenidos. Pero no solo estos, sino otros que son directamente exigidos a la competencia. Sí, a Atresmedia y Mediaset España. Desde que se eliminó la publicidad en RTVE los grupos privados tienen que destinar el 3% de sus ingresos a financiar el ente público. Y no sólo ellos, también las operadoras de telecomunicaciones, que aportan un 0,9%. Es decir, una parte —ínfima— de la factura de Internet y teléfono que pagamos todos corresponde a este impuesto. Pero no es todo, porque el Gobierno pretende hacer lo mismo con las plataformas digitales de contenidos audiovisuales como Netflix, HBO, Amazon Prime Video o la recién estrenada Disney+, dentro de la denominada "Tasa Google" de la que ya hemos hablado en este blog (La nueva guerra fría - Europa y la tasa Google). Actualmente, RTVE cuesta alrededor de 800 millones de euros al año, de los cuáles, casi la mitad son salarios de una plantilla hipertrofiada —¡el doble que la de los dos grupos privados juntos!—. No es momento de poner en cuestión la continuidad de la radiotelevisión pública pero, aparte de lo que ya pagamos con nuestros impuestos, hemos de aportar otros 15 millones.

Últimamente se viene manifestando cierto clamor popular ante lo que a todas luces es un sesgo en estos medios de comunicación, tanto públicos como privados. En los primeros es comprensible —aunque no debería ser así—, ya que es el Gobierno quien pone a sus adláteres en la gestión, con lo que —como siempre ha ocurrido— se convierte en el aparato comunicativo del Estado. Lo que escama más es que los dos grandes medios privados rindan pleitesía al actual Ejecutivo, y que lo demuestren sacando a sus presentadores más representativos a animar a la ciudadanía a salir a la calle el 8M, mientras la OMS y Europa avisaban de que era, cuando menos, temerario; frivolizando sobre una epidemia que arrancaba vidas sin cesar en otros países; entrevistando a personas abiertamente defensoras de la izquierda; u otros muchos casos que hemos podido advertir, y que ponen en solfa la independencia política de dichos medios. Y conste que una empresa privada puede emitir el contenido que considere, ya que de su dinero gastan, pero esta "ayuda" deja un tufillo insoportable.

No obstante, más allá del marco ético, que ya ha sido analizado, los rescates a sectores privados generan controversia. El caso de Bankia fue un claro ejemplo en la última crisis. ¿Por qué había que rescatar a un banco y no al resto de empresas? Efectivamente, no había mayor motivo que el que otros bancos no quisieron absorverla, como sí ocurrió con el Banco Popular. Un banco no es una empresa audiovisual, una se dedica a mover las inversiones y la otra no, aunque también lo haga. Además, el contexto no era el mismo, Bankia estaba quebrada y estas empresas están pasado un pequeño apuro momentáneo, porque el consumo en televisión no va a decaer después de la crisis, con lo que sus necesidades económicas son fácilmente subsanables pidiendo dinero a los bancos o emitiendo deuda.

Por tanto, ahora sí se puede responder a la pregunta de la cabecera. ¿Es comprensible la ayuda del Gobierno al sector audiovisual privado? No, no lo es. En absoluto. Éticamente no, porque apesta a clientelismo político en algo tan relevante como es la información. Económicamente tampoco, porque genera agravio comparativo con otras empresas privadas que no van a ser rescatadas, porque se hace con dinero público, y porque se puede solucionar fácilmente con deuda, como la que emitirá el Gobierno para, entre otros gastos, pagar con nuestro dinero esos 15 millones.