¿Cuáles son las consecuencias de la cesión al País Vasco de la gestión económica de la Seguridad Social?




Si se echa la vista atrás, en el primer post del blog "Centralismo o descentralizacion" se analizaron las ventajas que puede tener un Estado descentralizado frente a uno centralizado, y qué mejor momento para continuar con dicho análisis que ante la reciente noticia del traspaso del Gobierno central al vasco de la gestión económica de la Seguridad Social. Como ya sabemos, la Seguridad Social ya no se encarga de la sanidad pública, que también está descentralizada, sino que es el organismo de gestión pública de las pensiones, prestaciones económicas por desempleo, incapacidad, maternidad y paternidad, etc. y otros subsidios. Con esta cesión, el Gobierno vasco da un paso más en su ambicioso proyecto de federalización de su territorio, que sin duda irán completando a medida que sigan jugando tan bien sus cartas en el Congreso de los Diputados. No olvidemos que este movimiento estratégico obedece a las deudas contraídas por Pedro Sánchez.

Ante tal escenario, los letrados de la Seguridad Social han manifestado su temor ante lo que puede ser el principio del fin de esta especie de esquema de Ponzi, o más conocido como sistema piramidal, que es el sistema público de pensiones. Argumentan, correctamente, que se pone en riesgo la llamada "caja única", que no es más que el bote de dinero del propio esquema de Ponzi del que entran y salen las contribuciones de todos los ciudadanos del país para redistribuirlos posteriormente de forma "solidaria" y global, sin atender a autonomías —se entrecomilla solidaria porque la solidaridad es voluntaria, no impuesta, como sí lo es la cuota que pagan empresas, trabajadores y autónomos—. Su aducción se basa en que la autogestión de la segunda comunidad autónoma más próspera de España, mínimamente después de Navarra, supondría un duro varapalo para la estabilidad del sistema tal y como lo conocemos, que sufriría la fuga de un porcentaje vital de contribuyentes hacia un sistema paralelo independiente, y cuya derivada es un ahondamiento del actual déficit.

Para contrarrestar esta poblemática, el Gobierno ha asegurado el mantenimiento de la mencionada "caja única", y si bien no ha manifestado cómo, es de suponer que, hasta que entre en vigor el traspaso, se negociarán los términos de implantación de flujos parciales del capital recaudado en el País Vasco hacia el bote común. En el hipotético caso de una Seguridad Social vasca independiente, sus ciudadanos se verían gratamente beneficiados, ya que el País Vasco tiene la segunda menor tasa de desempleo de España con un 9,1%, sólo superada por Navarra con un 9,0%, el segundo mejor PIB per cápita con 34 mil euros brutos anuales, sólo superado por Madrid con casi 35 mil*, y uno de los mayores tejidos industriales del país. Estos datos aseguran un sistema de pensiones, prestaciones y subsidios superior al nacional, que tiene que cargar con comunidades mucho menos prósperas como Andalucía o Extremadura.

Como ya se explicó en el mencionado primer post, el objetivo de un Estado descentralizado en materias como el sistema de pensiones es buscar la competencia entre Comunidades Autónomas. Mejorar las condiciones públicas es una forma de atraer negocios, inversiones y trabajadores, lo que derivará en un escenario de círculo virtuoso de incremento de la riqueza y la conllevada recaudación impositiva. Es evidente que el Gobierno Vasco ha sabido y está sabiendo mantenerse como un territorio próspero a base de explotar sus recursos y los votos de sus ciudadanos. Viéndolo desde esta perspectiva nos encontramos ante un caso de nacionalismo positivo y bien entendido, que realmente no es más que el inexorable devenir del sistema territorial español, ya que el apoyo a los partidos regionalistas y nacionalistas no hace más que crecer, y medidas de este tipo influirán en el tablero electoral.

*INE