¿Cuál de los dos modelos sería el mejor tablero de juego para los intereses de la ciudadanía?




Algunos de los partidos políticos que convergieron a los últimos comicios generales abogaban por la desestatificación de España mediante una progresiva recentralización de los servicios públicos. Esto es, eliminar ciertas figuras que generan multiplicidades políticas y administrativas. Es llamativo el caso de VOX, que propugnaba la eliminación de las autonomías.

Si bien es cierto que nuestro país adolece de tener un Estado hipertrofiado, la delegación de competencias a territorios menores formaliza un modelo de gobierno habitual en la mayoría de los países con una densidad de población elevada, como es el caso de Francia, Alemania, Estados Unidos, India o México. España es un caso de centralismo con descentralización administrativa, por la cual, el órgano central delega funciones jerárquicamente a otros órganos menores: autonomías y municipios. Las primeras son gobernadas por los Consejos de Gobierno Autonómico o Juntas, legisladas por las Cortes Autonómicas, y son los Tribunales Superiores de Justicia Autonómico los que ostentan el poder judicial. Los municipios son regidos por los Ayuntamientos.

Siguiendo con el caso antes comentado de VOX y su eliminación de las autonomías, se pone sobre el tablero político, económico y social una vuelta a las políticas centralistas abandonadas desde el franquismo. Subyace de esto un mecanismo de control a aquellas regiones con una ideología independentista, como es el caso de Cataluña, País Vasco o Galicia. Dejando a un lado esta problemática, ¿estamos seguros de lo que propone el partido de Abascal es lo mejor? Veamos:

Actualmente, muchas de las políticas macroeconómicas se toman a nivel estatal. Estas son las que afectan al régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario, así como al crecimiento económico, la inflación y las tasas nacionales de empleo y desempleo. Algunas de éstas están controladas por un órgano supranacional: la UE y el BCE. No obstante, todo afecta al conjunto de la ciudadanía. ¿Conoce el Gobierno de España —no digamos ya la UE— los pormenores de una capital de provincia como Zamora, Teruel o Cádiz, o de municipios más pequeños? ¿Es capaz de tomar las mejores decisiones para solucionar los problemas sin conocerlos de primera mano? Es obvio que no, de ahí la llegada de más representantes regionales al Congreso como resultado de las últimas elecciones. Es por esto que políticas en materia económica global (fiscalidad directa e indirecta) y sectorial (agraria, industrial, energética, de transportes, comercial, turística), deba de ser competencia autonómica, o incluso municipal, como ya lo son otras como el IBI o el Impuesto de Sucesiones. De hecho, País Vasco y Navarra disponen de autonomía fiscal en materia de empresas, y son junto con Madrid y Cataluña los motores económicos del país. ¿Qué sentido tiene que algunos territorios tengan autonomía y otros no, o la tengan para unas políticas pero no para otras más obvias?

Hacer políticas desagregadas genera libertad de decisión a los conjuntos de población que son diferentes entre sí, debido a que su tablero, sus reglas, sus jugadores y sus piezas no son las mismas (demografía, geografía, orografía, clima, cultura, etcétera). Dicha libertad para la toma de decisiones genera, a su vez, competencia entre territorios por atraer inversión, empleo y servicios de calidad que repercutan en la propia población, derivando así en una mayor riqueza individual y colectiva. El gobierno central solo debería tener competencia en cuanto a políticas económicas genéricas se refiere (el caso de la subida de sueldos es especialmente dañina y se analizará en un post específico). Existen territorios en España con un gran potencial no explotado por culpa de las trampas de un sistema centralizado.