¿Nuestro sistema electoral es una camisa de fuerza?




Durante el pasado sábado y domingo, los españoles tuvimos el dudoso privilegio de seguir el primer debate de investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, después de su victoria en las elecciones generales del 10 de noviembre. No es necesario recordar que estamos con un ejecutivo en funciones desde marzo del año pasado, cuando se disolvieron las Cortes como primer paso al adelanto electoral del 28 abril. Pedro Sánchez se vio obligado a tomar esta medida ante la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, al estar en minoría en la Cámara Baja después de que se alzara al poder a través de una moción de censura ganada a Mariano Rajoy. Pues bien, dicho debate finalizó con la votación a la investidura de Sánchez como jefe de Gobierno por parte de todos los diputados, la cual arrojó una momentánea negativa. Momentánea porque, hoy martes, hay una nueva votación de investidura en la que, salvo sorpresa, ganará el candidato del PSOE. Esto es así debido a que el artículo 99 de la Constitución Española especifica que: "Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple."

Más allá de los resultados, que se suponen desde que acabaron las negociaciones entre partidos, lo llamativo de todo este proceso es el poso que deja el propio debate, el más bronco que se recuerda. Se pueden decir muchas cosas al respecto, pero la impresión general fue de todo menos positiva, una oda al despropósito político, fruto de la fragmentación que sufre el Congreso a raíz de lo que se votó en los últimos comicios. En él se está dando cabida a toda suerte de políticos que poco o nada miran por el conjunto de la nación, porque están olvidando que están en una cámara de representación nacional, no autonómica o municipal. Aunque lejos de engañarnos, la realidad es que no están olvidando nada, saben perfectamente lo que quieren y para qué están ahí. Hablamos de los partidos nacionalistas y regionalistas como son el PNV, BNG, Bildu, NA+, CUP, ERC, JxCAT, Teruel Existe, PRC, CC, FORO, Más País (Compromís, Equo y la CHA) En Comú Podem (Barcelona) y En Común (Galicia) —los dos últimos han confluido con UP—, que suman 54 escaños de los 350 que conforman el Congreso de los Diputados, o lo que es lo mismo, un 15% del total. Puede parecer un porcentaje no demasiado alto, pero si atendemos a elecciones pasadas —en las de 2016 fue de un 14 %, en las de 2011 fue de un 10%, y en las de 2000 fue de un 9%—, estamos claramente ante un aumento de la representación de este tipo de partidos.

Sin entrar en sesudos análisis acerca de los discursos de los diferentes parlamentarios que han ido desfilando por la tribuna de oradores (cada lector tiene su opinión al respecto, y no es objetivo de este blog hacer prisioneros de una u otra ideología, sino desvelar las trampas del juego y proporcionar alternativas), cabe destacar que esto ya no trata de rojos y azules, de izquierdistas y derechistas, o de progresistas y conservadores. Esto va de que cada partido juega a un juego diferente al resto, con sus reglas, sus movimientos y sus trampas, y el único objetivo es ganar caiga quien caiga, sin que a nadie le importe las consecuencias que tiene para la ciudadanía una ley mal fundamentada, un derroche de dinero, o una deuda impagable. Porque ninguno de los políticos que hoy vemos estarán mañana para arreglar el desaguisado que han provocado con su codicia, pero los que sí estaremos seremos los ciudadanos, que veremos recortadas nuestras libertades paso a paso con más obligaciones y prohibiciones.

Por último, viendo como España se está transformando progresivamente en un estado federal —cuantas más prebendas a los partidos autonómicos para poder gobernar, más soberanía para éstas—, y como el partido más votado cada vez tiene más dificultades para gobernar, ¿podemos decir que ha caducado la Constitución Española en este sentido? Cabe pensar que el sistema electoral ha derivado en una camisa de fuerza que imposibilita una gobernabilidad sensata, y por tanto, necesita un mecanismo nuevo que garantice un funcionamiento lo más acorde con las diversas sensibilidades del conjunto de la ciudadanía. ¿Sería razonable adentrarnos en la conversión a un Estado federal descentralizado (Centralismo o descentralización) bajo un sistema electoral a dos vueltas? Lo razonaremos en otro post.