La constructora española del IBEX35 fija su sede en Países Bajos ante la voracidad fiscal de la izquierda.


No sorprende a nadie que las grandes empresas, las que tienen la sartén por el mango, acaben yéndose a países donde les aprietan menos las tuercas. La primera que va a disolver su matriz y llevársela a otro lugar es la constructora Ferrovial, propiedad de Rafael del Pino Calvo-Sotelo, hijo del que fuera fundador Rafael del Pino y Moreno, y tercera persona más rica de España según la conocida lista Forbes. Se la lleva a Países Bajos —a la Holanda de toda la vida— en busca de una menor presión fiscal, mejores condiciones jurídicas, y mayor facilidad de financiación. Además, abandona el mercado bursátil del IBEX35 para operar en los Estados Unidos de América, donde desarrolla una buena parte de su negocio. El roto que le hace a la economía española es importante. ¿De quién es la culpa? Si se atiende a postulados liberales, la culpa es de un Estado fiscalmente voraz. Si se atiende a postulados socialistas, la culpa es de un Estado que permite la propiedad privada de los medios de producción cuando deberían ser del propio Estado. Pero para el Gobierno español la culpa es de la falta de patriotismo de capitalistas despiadados que no contribuyen lo suficiente en medio de un episodio económicamente mejorable del país.

Atendiendo a que España es —gobierne quien gobierne— una socialdemocracia capitalista bajo una supranación con libre mercado, es oportuno plantear una visión liberal y cargar culpas contra un modelo fiscal opresivo perpetrado por quienes defienden idealismos igualitaristas y redistributivos. Es ridículo constreñir impositivamente a las empresas y lamentar que se vayan a otro país donde no lo hacen. Es de todo punto estúpido querer acabar con el supuesto dumping fiscal de otros países cuando el problema radica en que el tuyo es un infierno confiscatorio. No existe ni rigor ni sentido común en el actual gobierno de España, en el que la facción clientelista y corrupta, y la posmoderna batallan con armas de juguete cuando no se acarician condescendientemente la una a la otra. Ferrovial, como tantos otros, ha observado que no tiene seguridad económica en un país donde mandan los intereses políticos, los fanatismos y el populismo de un Gobierno salpicado, día tras día, por escándalos cada cual peor que el anterior. Huye porque tiene la capacidad para hacerlo, como puede que lo hagan otras empresas después, dando pistoletazo a una fuga industrial que puede abocar al país al fracaso más estrepitoso.


Aviso a navegantes el que hace la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la facción posmoderna y neomarxista del Gobierno. Amenazas directas contra Ferrovial y contra el que ose huir de este esperpento. Que el Ministerio de Economía actúe con todo el peso que sea capaz de reunir. Si pudiese hacer algo más, levantaría un muro con sus propias manos, como ocurrió en cierta república comunista del siglo pasado. Coacción a los accionistas de la empresa para que recapaciten, aunque cabe indicar que el 32,39% pertenece a la familia Del Pino Calvo-Sotelo, siendo el resto propiedad de accionistas hasta completar un 52,46% con derecho a voto, con lo que es poco probable que haya rectificación estratégica alguna. Y por último, chantaje arguyendo que gran parte de la riqueza de la empresa ha sido posible gracias a los contratos con el Estado español para la ejecución de obras públicas. ¿Qué le debe la empresa al Estado? Se licitaron proyectos, se adjudicaron a Ferrovial, se llevaron a cabo, y fin de la relación mercantil. Macarras con una cartera ministerial y sus acólitos llamando antipatriotas a quien consigue escapar de sus injustas cárceles de gruesos muros de impuestos, inseguridad y populismo.