Los populistas pretenden pagar con dinero público el precio de su iuspositivismo ideológico.


Abortar no es un derecho (derecho negativo), es un privilegio antinatural (derecho positivo) separado de la moral, que se utiliza ideológicamente por los partidos políticos populistas. Adornarse el cuerpo con piercings o tatuajes tampoco es un derecho; si se quiere llevar al extremo, mutilarse seccionando dedos o miembros, ¿lo sería? En absoluto, pero existe la libertad de hacerlo. A nadie le va a importar lo que un desconocido haga con su cuerpo, pero actos antinaturales alejados de la moral antropológica no se pueden considerar derechos, sino libertad de actuación sobre algo tan soberano como el propio soporte físico de cada uno, donde ningún ente político tiene poder o debería tenerlo. Lo mismo ocurre con la transición de género y/o cambio de sexo en personas trans, cuya ley garantista fue aprobada recientemente por el gobierno progresista español sin atender a las graves consecuencias que puede tener una intervención irreversible de semejante magnitud. Empero, tampoco es un derecho preservar la vida de un nonato en tanto en cuanto no es un sujeto de derecho, jurídicamente hablando, al no haber nacido. Un Estado no puede legislar sobre quien no existe, aunque sí podría obligar a las madres a no abortar, coartando obviamente su libertad, lo cual contravendría los principios liberales que rigen las sociedades desarrolladas. Entendido esto, todo derecho no natural que se utiliza políticamente es iuspositivismo ideológico, es mercantilismo de votos y democracia clientelar.

¿Por qué hemos llegado a esto con algo tan liberal y personal como el aborto, que hace tiempo se asumió como normal en países cada vez más desvinculados de las religiones? No en vano, la cultura que se ha dado en llamar «provida» no es más que el renacimiento de sentimientos cristianos que consideran aberraciones morales los avances sociales en materia de soberanía corporal y vital, como el aborto, la eutanasia o el cambio de sexo. La culpa la tiene VOX, un partido de derecha conservadora y católica, cuya dialéctica política verbalizada por sus líderes se opone a que los designios de Dios sean desobedecidos por el hombre. Y más concretamente, la polémica ha surgido porque Juan García-Gallardo Frings, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha establecido que los sanitarios del servicio público de salud autonómico (Sacyl) que atiendan a mujeres en procesos abortivos tengan la obligación de ofrecerles la ecografía del feto a fin de que se puedan replantear su decisión en pos de fomentar la natalidad —al menos eso se arguye desde el gobierno de la comunidad castellanoleonesa—. Al otro lado del tablero político, Podemos y derivados, garantes del falso derecho al aborto, denuncian que la propuesta de VOX atenta contra la libertad de las gestantes y, sobre todo, contra su ley del aborto, la cual otorga a toda mujer la libertad de interrumpir el embarazo en un centro público antes de la semana catorce.

El quid de la cuestión radica en el uso político que se hace de los servicios públicos. Partidos populistas como VOX y Podemos —y derivados— pretenden instalar sus ideologías disfrazadas de derechos en lugares donde jamás deberían entrar, como en la sanidad y la educación principalmente. En este caso concreto, una mujer debe ser tan perfectamente libre para llevar a término su embarazo como para interrumpirlo sin coacción política alguna, porque la sanidad pública solo debería utilizarse para el tratamiento de enfermedades. De la misa forma, en la educación pública deberían impartirse contenidos puramente objetivos e inmutables —la historia, la lengua, las matemáticas o la física no aceptan interpretaciones ideológicas—. Cualquier capricho ideológico ha de ser ejecutado de forma privada, con dinero privado, nunca público. ¿Significa esta afirmación que abortar es un capricho? No, si el aborto es requerido por necesidades médicas o por violaciones. Que una mujer acuda a un hospital público para abortar de forma voluntaria repetidas veces sí es un capricho, y la sanidad pública no debería costearlo al no ser una enfermedad, toda vez que tampoco costea otros remedios como ortodoncias, gafas, órtesis, etcétera.

Una sociedad democrática no debería tolerar que exista barra libre de recursos públicos como pretenden ciertos partidos nocivos. Esa barra libre no es gratis, el aborto no es gratis, ni las ecografías. Se pagan muchos impuestos para consumirlos en frivolidades a cambio de votos. Una sociedad que no fiscaliza estos excesos en los únicos momentos hábiles para ello es una sociedad condenada al clientelismo que cada vez más irá asumiendo que el sufragio no es más que un intercambio comercial de favores por votos.