Conclusiones de una reforma muy reactiva y táctica, y muy poco proactiva y estratégica.


Una de las medidas estrella del Gobierno de coalición fue derogar la anterior reforma laboral del PP. Unidas Podemos pretendió tumbarla por considerarla lesiva para los intereses de los trabajadores, ya que reducía considerablemente el coste por despido y perpetuaba el empleo precario. El PSOE, con Nadia Calviño como responsable de economía, pidió prudencia a sabiendas de que Europa no permitiría una modificación estructural, y mucho menos una derogación completa. Finalmente, con el Real Decreto-ley 32/2021 del 28 de diciembre de 2021, y su aprobación parlamentaria el 3 de febrero de 2022 en el Congreso de los Diputados, se puso en marcha una nueva transformación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores a ser puesta en vigor oficialmente el 31 de marzo de 2022, la cual modifica ciertos aspectos en materia contractual y dota de mayor protagonismo a los convenios. Quizá el contenido primordial, y que cambia el panorama laboral, es la eliminación del contrato temporal —salvo casos muy tasados— obligando a las empresas a reconvertirlos en contratos indefinidos desde el primer día del vigente año. Los contratos de obra o servicio y los eventuales no pueden superar los seis meses de duración, con lo que también se ha forzado a su recalificación a indefinido a aquellos trabajadores que estuviesen en esta circunstancia. Asimismo, si un trabajador encadena contratos temporales durante 18 meses será considerado indefinido, en vez de los 24 anteriores. Por último, se considerarán indefinidos los trabajadores fijos discontinuos.


Aumento de los contratos indefinidos de un 15% en enero, 21,7% en febrero y 30,7% en marzo. Hito histórico el del tercer mes sin duda. Pero es un dato viciado y que ha servido para reducir la lista de parados en menos de 3.000 personas, hecho lógicamente provocado por la regularización de contratos. Y conste que no se critica esta medida para evitar que un trabajador tenga un contrato temporal durante varios años, o que se le encadenen contratos evitándose el empresario una indemnización. Se critica que una medida prohibicionista sirva para que algunos saquen pecho durante los tres meses de adaptación de las empresas a la nueva regulación. ¿Qué ocurrirá en abril? Pues que seguramente el número de contratos indefinidos sea mucho menor que el registrado durante el primer trimestre del año. En abril y posteriores meses, el dato corresponderá con la creación de empleo como tal, sin trampa ni cartón. ¿La reforma laboral funciona? Pues hasta ahora sí lo ha hecho en tanto que muchos trabajadores han pasado a ser indefinidos mejorando sus derechos frente al despido, pero no asegura un ritmo de empleabilidad mayor que con la reforma anterior. Y en esto radica la principal crítica a la reforma: que es reactiva y coercitiva por lo antes expuesto; y táctica, esto es que soluciona problemas durante un tiempo limitado. Cuando se lideran los rankings de desempleo continental, tanto absoluto como juvenil, se necesitan reformas proactivas y estratégicas para lograr un crecimiento continuado, no solo para salir del paso mes a mes aprovechando la coyuntura postpandémica de recuperación laboral. Al Gobierno hay que conminarle a que dote de elasticidad al mercado de trabajo, a que no subyugue a las pequeñas y medianas empresas con mayor presión —que es precisamente lo que consigue esta reforma—, y a que favorezca un entorno lo menos hostil posible.

Políticas liberales como la mochila austriaca proponen un cambio de paradigma que puede ser muy beneficioso para empresas, trabajadores y Estado. Apostar por medidas que ayuden a las empresas a reducir sus penurias al mínimo implica que, en vez de pensar en cómo sobrevivir, puedan centrarse en mejorar su situación, haciéndolo por consiguiente la de sus trabajadores y de la del mercado laboral. Es un win-win a varias bandas imposible de asumir si se considera al empresario como el enemigo que extrae el plusvalor al trabajador para enriquecerse inmisericordemente.