¿Qué dice el liberalismo sobre quienes deciden no vacunarse amparándose en su libertad individual?


Si hay algo que está suscitando controversia en esta distopia pandémica del COVID-19 es la vacunación contra el virus entre aquellos que la consideran, no ya obligatoria, sino necesaria y positiva como el único método de avance hacia la tan ansiada normalidad, y aquellos que apelan a su libertad personal para no vacunarse alegando motivos tales como que no es segura para la salud por no estar suficientemente probada, u otros más peregrinos como el que sostiene la existencia de nanotecnología en el inyectable para controlar a la humanidad. Dejando a un lado las teorías conspiranoicas por ser difícilmente plausibles, la decisión de no recibir la vacuna es incontestablemente respetable, y tan es así que solo en Tayikistán, Turkmenistán y Vaticano la vacunación venía siendo obligatoria para toda la población adulta. Si bien en algunos países sí se ha decretado la obligatoriedad parcial en algunos sectores profesionales como el sanitario, en España aun no existe ninguna norma al respecto. Es decir, que se está garantizando el cumplimiento del Estado de Derecho propio de una democracia liberal como la española, no ya por el más que dudoso respeto de los políticos a la libertad individual, sino porque imponer la vacunación obligatoria a la población sería inconstitucional por ir en contra los derechos fundamentales, como lo fueron los diferentes estados de alarma establecidos desde el estallido de esta pesadilla.

Centrándose en los que, por el motivo que sea, deciden no vacunarse, y lejos de estigmatizarlos con el calificativo de «antivacunas», es menester entender si sus alegaciones tienen base científica e ideológica. Para la primera hay escaso recorrido, puesto que los casos notificados por efectos secundarios suponen un porcentaje ínfimo respecto a la población mundial vacunada, algo que se puede consultar fácilmente en la web de la agencia americana CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Concretamente en España, según La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en su 11º informe de farmacovigilancia, las cifras de vacunas administradas a mediados del pasado diciembre rondaban los 72,4 millones entre primera, segunda y tercera dosis de todos los fabricantes, lo que supone alrededor de 38,7 millones de personas inoculadas. Pues bien, solo se han registrado 53.407 casos adversos, y de estos, 10.522 fueron graves, es decir, un porcentaje del 0,014. No obstante, murieron 362 personas a causa de dichas complicaciones. Puestos estos datos en perspectiva con otros medicamentos de uso común como el ibuprofeno, la aspirina o «la píldora», se puede concluir con que la vacuna del covid es más segura según la misma Agencia Española del Medicamento.

Si bien no es objeto de este texto convencer a nadie para que se vacune o no lo haga en función de la seguridad del remedio, sí es conveniente partir de una base empírica que sustente el argumento filosófico que a la postre puede ser interpretable, porque legalmente no hay vuelta de hoja: la vacunación obligatoria en España es inconstitucional. No así el «pasaporte covid», que es perfectamente implantable acogiéndose al artículo 43 de la Carta Magna, y además ha sido refrendado por el Tribunal Supremo alegando que «ni afecta al derecho de reunión ni de circulación y es una medida proporcional y necesaria». Otro tema es la utilidad del mismo, ya que no aporta mucho científicamente en tanto que no evita contagios ni propagación del virus, y solo sirve como absurdo mecanismo habilitante de derechos de admisión en locales, por no hablar de la facilidad para falsificarlo y el nulo control que se exige. Solo tiene cierto sentido como protección a los no vacunados que pretendan acceder a un lugar cerrado, con el riesgo que puede conllevar para su salud. Sin embargo, la carga viral de un vacunado es mucho menor que la de un no vacunado, y... bueno, se podría seguir buscando razones a favor y en contra, pero difícilmente se llegaría a un destino cuando ni siquiera hay consenso entre Comunidades Autónomas a la hora de aplicarlo, ni en lo relativo al verosímil ahorro del coste sanitario de prevenir casos graves en no vacunados.

«Pero el peligro de los enemigos extranjeros (o posiblemente la insurrección interna) no es el único peligro para todos los miembros de la sociedad que sólo puede ser tratado de manera efectiva por una organización con poderes obligatorios. Pocas personas cuestionarán que solo una organización así puede hacer frente a los efectos de desastres naturales como tormentas, inundaciones, terremotos, epidemias y similares, y tomar medidas para prevenirlos o remediarlos.» (Hayek, 1979, p.54)

La línea divisoria entre la salud pública y el individuo debería estar suficientemente clara, y no aplica debate en cuanto a la obligatoriedad de la vacuna. Sin embargo, la clave de objeción es la situación de excepcionalidad que ha traído la pandemia, la cual difumina dicha línea. La propia Constitución (art. 55.1) deja abierta la suspensión de los derechos y libertades fundamentales en caso de estado de excepción, al que no ha habido que recurrir, pero es capital saber que el ordenamiento jurídico vigente contempla la posibilidad. Tan es así que filósofos liberales como Friedrich Hayek aceptaron que el Estado —una organización con poderes obligatorios— tomase las medidas necesarias para prevenir o remediar un desastre como el que nos ha tocado vivir a pesar de conculcar las libertades individuales. La mayoría de Estados del planeta no ha optado todavía por tan drástico recurso que incluso respalda el liberalismo, entendiendo que ante una situación de amenaza social el bien común debería estar por encima del interés individual. El liberalismo como filosofía individualista nunca debería ser utilizado ventajosa y arrogantemente como salvoconducto ideológico para justificar una decisión personal que puede afectar a terceras partes. Cuando esto ocurre, el liberalismo introduce el concepto de compensación por externalidad negativa, que bien mirado el contexto en conjunto podría tratarse del injusto «pasaporte covid».

En definitiva, la decisión de vacunarse o no hacerlo es puramente personal. Sin embargo, no hacerlo amparándose en las libertades individuales que defienden las ideologías individualistas como el liberalismo o sus derivadas podría hacer caer el argumento en una falacia ad verecundiam al apelar a falsas autoridades, bien sea por puro desconocimiento o por interesado populismo.