El sistema público de pensiones, si bien fue una estafa tolerada, ahora es intolerable.


El sistema público español de pensiones contributivas está caducado. El contexto social y económico actual es muy diferente al de cuando se pusieron en marcha estos servicios. Aferrarse a algo insostenible por ser lo único conocido no es progresismo, es conservadurismo. Es miedo al cambio. El modus operandi del populismo es vender ese miedo. Por un lado, el del fascismo, el machismo, la homofobia, el racismo o el cambio climático; el comunismo, la inmigración, el desabastecimiento o las «plandemias» por el otro. Necesitan de ciudadanos atemorizados, serviles con sus líderes, para que no les falte la protección del Estado cuando se abra ante a sus caras timoratas el telón del escenario catastrófico que no cesan de dibujar en el imaginario colectivo. Cada cierto tiempo cambia el discurso en función de cuánto se ha amortizado el anterior. No existe dialéctica en su operativa política para rebatir argumentos que puedan hacer tambalear sus pilares ideológicos, solo usan el miedo.

La subida de las cotizaciones sociales de un 0,6% por cada persona activa supone hurgar en la herida de las nóminas de trabajadores asalariados y autónomos. Herida a la que la inflación está echando mucha sal, y los impuestos que se vienen la harán sangrar aún más. Impuestos que pivotarán alrededor de fiscalidad medioambiental, imposición societaria, tributación de la economía digitalizada, aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial y fiscalidad de las actividades económicas emergentes. Decir mucho para no decir nada, ya que sea como fuere, será el mismo expolio tributario de siempre. Es la deuda que tiene que pagar el país por haberse convertido en la rémora de Europa. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —los fondos europeos llenos de pompa y boato— no son gratis, son un rescate con todas las letras. El parón económico por el Covid-19 no rompió nada, solo evidenció que el país viene sufriendo a los peores políticos del continente, y que de la crisis de 2008 no se había salido.

Hay que arrimar el hombro porque peligran los fondos europeos: miedo. Hay que mantener el sistema público de pensiones porque peligra la supervivencia de quienes pagaron toda su vida para poder jubilarse: miedo. Miedo y cinismo, que es aún peor. ¡Tiran el dinero que tanto le cuesta ganar al trabajador y le asustan para que pague más! No son políticos, son secuestradores. Es hora de que el ciudadano rompa los grilletes que mantienen cautivo y tome las riendas de su vida y de su futuro. Es inadmisible estar maniatado toda la vida laboral y tener que agradecer las migajas que reparte el raptor. No hay solución posible para el problema de liquidez que lleva arrastrando la Seguridad Social española más allá de cambiar el sistema. Aunque será prácticamente imposible que algo así ocurra, debido a que los partidos autodenominados liberales —los únicos que podrían dar el paso— no son más que tibios socialdemócratas esclavos del voto del ciudadano. Y un ciudadano temeroso jamás votará a favor del cambio. Es la pescadilla que se muerde la cola.

El caso es que tal cambio no es en absoluto la peor de las revoluciones, es todo mucho más sencillo y se aplica en no pocos países. Consiste en cambiar el modelo de reparto público forzoso por uno de capitalización individual forzoso. Con el modelo actual, el trabajador durante su vida laboral, devenga —adquiere el derecho de— el cobro futuro de su pensión, quedando expuesto a todas las vicisitudes del tiempo, como que no haya dinero y pase meses sin cobrar, o que se le minusvalore la cuantía, cosa que ya sucede. El modelo propuesto implica que cada trabajador retire de su nómina un monto, a establecer en función —como mínimo— de su base de cotización, a una bolsa individual destinada a su propio sustento en concepto de pensiones o prestaciones. Dicho de otro modo, el objetivo es hacer al trabajador responsable de sus ahorros, y no al Estado. Esta fórmula no quita para que deba existir un fondo público de pensiones y prestaciones para casos de desempleo de larga duración, pensiones no contributivas de jubilación o invalidez, o gasto de la bolsa por pura longevidad, pero en el peor de los casos, requerirá un coste estatal mucho menor que con el sistema de reparto.

No, no deja a nadie atrás, ni es un sistema egoísta. Es más, ha habido personajes públicos de izquierdas que han defendido las pensiones públicas pensando que funcionan como un sistema de capitalización individual gestionado por el Estado. ¡Por pura ignorancia defienden el cambio de modelo! Y lo hacen porque a todas luces es más justo, porque no hay nada más responsable que el ahorro individual. ¿Por qué si a los niños se les educa en el ahorro contra el despilfarro, los políticos insisten en que tiene que ser el Estado el que ahorre mediante impuestos porque es mejor colectivamente? La respuesta es obvia. El Estado no ahorra, gasta a manos rotas, y los únicos beneficiados son los políticos y demás parásitos sociales. Es algo que tiene que cambiar, pero lo acabará haciendo cuando no quede más remedio, y seguramente sea tarde.