Un gobierno de izquierdas diciéndote lo que debes ser y lo que no.


A los "socialistas" les encanta hacer leyes que supuestamente velan por el beneficio del trabajador, pero realmente tienen tintes servilistas y populistas. La ley de Protección de los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto a través de plataformas digitales, más conocida como "Ley rider", ha sido publicada vía "decretazo" evitándose así la aprobación en el Congreso. Los decretos ley suelen aplicarse excepcionalmente cuando existe una urgencia manifiesta en la aplicación de la ley, pero no parece que este sea el caso, máxime cuando existen colectivos de estos repartidores que no están de acuerdo con el cambio legislativo, el cual obliga a las empresas de reparto de comida a domicilio a contratar a los riders como personal laboral en vez de como autónomos. Además, se les exige dar a conocer el algoritmo que usan para determinar el sistema de reparto.

No pocos de estos repartidores prefieren ser autónomos a ser empleados de las compañías de delivery. De hecho, esta forma de colaboración beneficia a la empresa, que no tiene que pagar la parte correspondiente de la Seguridad Social; y al autónomo, que puede compatibilizar este trabajo con otros o ajustar las horas de servicio con la empresa. Es más, no sería arriesgado apostar a que la inmensa mayoría de estos riders considera el trabajo como algo pasajero, de modo que una colaboración que maximice los ingresos es la más interesante cuando la cuota de autónomos es la mínima. También beneficia al cliente, ya que el aumento de costes que tendrá que asumir la empresa a partir de ahora en concepto de seguros sociales e indemnizaciones irá gravado, casi con total seguridad, en la factura final. Esta parte no la cuenta el Gobierno, como es normal. Vende mucho más legislar en favor del trabajador y en contra del explotador. ¿Acaso los dueños de estas empresas unicornio* fomentan la explotación laboral?

Algo así es difícil de argumentar. El paradigma de entrega de comida a domicilio es un éxito en todo el mundo, donde las empresas que más pedidos distribuyen son la americana Uber Eats, las inglesas Deliveroo y Just Eat, y la española Glovo. La pandemia de Covid ha revolucionado aún más el modelo. A más demanda por parte de los clientes, mayor es el precio que están dispuestos a pagar por el servicio, lo cual deriva en más oferta de empleo; y a su vez, si la oferta de empleo es mayor que la demanda, los sueldos también aumentan. La propia Glovo indica en su web que un rider en España puede ganar 10€/hora aproximadamente, lo que al mes puede ascender a 2000€ brutos con jornadas de ocho horas diarias repartidas como el repartidor quiera, ya que también tiene la posibilidad de desconectar cuando lo desee. Es un mercado novedoso que se ajusta como cualquiera en función de la ley de la oferta y la demanda, y que cada vez se deja ver en más ciudades con personas dispuestas a formar parte. Esto no significa otra cosa sino que es rentable.

La ley pretende acabar con la principal polémica en torno al modelo de colaboración laboral, en el cual las empresas se ahorran millones de euros en concepto de cotizaciones. De hecho, numerosas inspecciones de Trabajo han derivado en la apertura de expedientes por determinar que existe una presunción de laboralidad entre el repartidor y las compañías. Y es aquí donde emana el principal foco de las demandas de los riders que están a favor de su contratación como personal laboral. Argumentan que en caso de accidente, lesión o enfermedad —hecho probable trabajando en bicicleta o moto, mezclándose con el resto del tráfico rodado, y soportando las inclemencias del tiempo— quedan desprotegidos sin una prestación digna. Tal afirmación es cierta, pero tan fácilmente subsanable como contratar un seguro privado para autónomos, los cuáles cubren económicamente el tiempo que el asegurado no pueda trabajar —exactamente igual que la Seguridad Social—.

Una vez más un gobierno de izquierdas imponiendo al individuo lo que reclaman sindicatos y colectivos de presión, sin querer entender las necesidades de todas las partes afectadas, y buscando esa justicia social que sólo ellos entienden, pero que es claramente injusta y antidemocrática. Una legislación que albergue el modelo de colaboración actual y lo hibride con el ahora exigido es la mejor de las opciones.

*Un unicornio es una empresa emergente o startup con una valoración de más de 1.000 millones de dólares.