¿Qué es y qué no es la escuela concertada?


Todo grupo político de un signo determinado que accede al Ejecutivo desbancando al del signo contrario intenta dejar su impronta mediante la promulgación de leyes que afectan a los puntos claves de la sociedad: la sanidad, la educación y las pensiones. El actual Gobierno de PSOE-Podemos no podía ser menos y, en menos de un año, y con la que tenemos montada a cuenta del maldito coronavirus, se han sacado de la chistera, y sin consenso alguno, una modificación de la ley educativa vigente hasta ahora, la LOMCE del exministro del PP José Ignacio Wert. Dicha modificación llamada LOMLOE, presentada por la actual ministra de Educación Isabel Celáa, pretende desmontar los aspectos más lesivos de la anterior, la cual era especialmente conservadora en ciertos aspectos. Entre todas las medidas, destacan movimientos para dotar de mayor importancia a la educación pública, a la que se considera el eje vertebrador del sistema educativo español. Sin embargo, una de las mayores polémicas —si no, la mayor— ha sido a cuenta de la lengua, ya que el castellano deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado, permitiendo a las autonomías educar en la lengua cooficial que tengan. En este post no vamos a entar en este aspecto, ya que habla por sí solo, sino en cómo afecta la Ley a las escuelas concertadas, algo que también ha dejado ríos de tinta.

Una escuela concertada es un centro educativo de gestión privada, que ofrece sus instalaciones y personal docente como servicio público a cambio de unas subvenciones estatales, de tal forma que su financiación se basa principalmente en los ingresos correspondientes al precio rebajado de las matrículas de los alumnos —con respecto a la escuela enteramente privada— y dichos aportes públicos. El concierto en las escuelas se aprobó en 1985, durante el Gobierno socialista de Felipe González, para liberar la alta demanda de plazas en la escuela pública, ofreciendo una alternativa viable económicamente a aquellas familias que no podían costear un centro privado. Entonces, ¿dónde está el problema si lleva 35 años funcionando? Veamos.

Según resumen de lo publicado en el BOE en el capítulo de la escuela concertada, la Ley elimina la llamada "demanda social" para abrir nuevos centros o aumentar plazas, esto es, mientras haya plazas libres en la escuela pública, no se atenderá las peticiones de creación de nuevos centros concertados o de aumento de plazas en los ya existentes. Es decir, se está asumiendo que esa "demanda social" existe porque la población considera que la educación pública es de mala calidad, y como castigo a lo que el Gobierno considera una falacia, se prima el llenado de la escuela pública antes que el aumento de la escuela concertada, independientemente de las preferencias de los padres de alumnos. Existen dos lecturas en este punto, la primera es la optimización de los recursos económicos: sería absurdo gastar más en subvenciones a centros concertados habiendo plazas vacías en los públicos. La segunda es que si las familias tienen clara preferencia por los centros concertados es porque existe el fundamento de que la enseñanza pública no está a la altura de la concertada, algo remediable con esa llamada "demanda social" que la Ley elimina, deviniendo asimismo en la eliminación de la libertad de elección del centro educativo.

Ciertos sectores de derechas han elevado el mensaje de que esta Ley pretende eliminar la educación en centros concertados, algo que es categóricamente falso. Lo que sí ocurre es que se fuerza a las familias a llevar a sus hijos a la escuela pública hasta completar plazas, quitando libertades que hasta ahora sí se tenían. Por contra, ciertos sectores de la izquierda insisten en que esta Ley es timorata y sigue dejando al sistema educativo español lejos de sus premisas ideológicas, esto es, eliminación de la educación concertada al grito de "quien quiera educación privada, que se la pague". Este argumento es incoherente, ya que algo así saturaría la escuela pública dejando alumnos sin escolarizar, además de obligar a las familias a que sus hijos estudien donde dicten unos gobernantes. Si atendemos al servicio que desempeña, la escuela concertada está más cerca de la escuela pública que de la privada, porque ofrece un servicio público dentro de unas directrices públicas, pero con gestión privada del centro. Sin embargo, lo que le molesta a la izquierda es que existan familias que se puedan costear una educación de mejor calidad que otras, y no conocen otra forma de subsanar esa "falla social" que no sean mediante la imposición y la igualación por lo bajo. La realidad es otra, se llama "cheque escolar" y "homeschooling", y será abordada en un futuro post.