¿Qué consecuencias positivas tendría, y cuál serían sus contrapartidas?

euros Como un trueno ha resonado el anuncio por parte del PSOE de la controvertida medida que pretendería aplicar a largo plazo, y no es otra que la eliminación del dinero físico, es decir, el dinero en metálico o en efectivo. Basándose en que durante el estado de alarma —a causa del coronavirus— se ha utilizado mucho más la tarjeta que el efectivo, algo obvio estando confinados y los comercios cerrados, el partido del Gobierno pretende presentar una proposición no de ley para ir avanzando hacia un país en el que todas las transacciones económicas sean electrónicas y telemáticas. No obstante, el Banco Central Europeo ha salido prestamente a advertir de que tal iniciativa no es viable en el marco de los países miembros de la eurozona. Debemos entender, por tanto, que el PSOE no pretenda ir más allá con su propósito. Pero, ¿qué consecuencias tendría la eliminación del dinero en efectivo?

Por un lado, el dinero físico nos otorga a los ciudadanos absoluta privacidad a la hora de ejercer transacciones comerciales, algo que se vería coartado si existiese la obligación de trazar todos los intercambios monetarios. Esta obligación sería ineludible en el hipotético caso de eliminar el dinero en efectivo, ya que todas las operaciones fluirían entre cuentas bancarias, y estas quedan siempre registradas. Por tanto, la medida en cuestión nos privaría de la libertad de operar privadamente, y nuestros datos transaccionales quedarían expuestos a quienes tengan acceso a la información bancaria. En cualquier caso, existe la normativa europea sobre protección de datos (GDPR), que ampara nuestra privacidad constituyendo un delito la difusión de nuestra información. También hay que entender que no todos los ciudadanos utilizan los medios electrónicos para pagar, y aunque en las grandes ciudades hay una mayor tasa de pagos con tarjeta, en los núcleos rurales es al contrario. Esto es debido a que sus habitantes suelen ser mayores y están habituados al dinero en efectivo, y que muchos establecimientos no disponen del medio de pago adecuado.

Por el otro lado, que las operaciones queden registradas tiene su parte positiva. De esta forma se asegura la total trazabilidad del dinero y se reduce la posibilidad de fraude en un país en el que la trampa es parte de nuestra cultura. El trabajo en negro, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos con fines esclavistas o sexuales, cualquier tipo de estraperlo y, en definitiva, la economía sumergida quedaría seriamente comprometida pudiendo auditar las transacciones económicas que la alimentan. Puede llevar a pensar que un país poco liberal como el nuestro deba ejercer un progresismo efectivo, en el sentido de legalizar ciertas prácticas como el consumo de drogas blandas o la prostitución, e incluso se deban implementar políticas fiscales de baja presión para que los autónomos y pymes dejen de sentir la necesidad de defraudar al fisco a fin de que sus ingresos den más de sí. Pero esto solo es la punta del iceberg, ya que hay estudios que apuntan a que casi el 22% del PIB (273.846 millones de euros) se escapa por el sumidero de la economía sumergida, siendo los sectores más defraudadores los de la construcción y promoción inmobiliaria y la restauración. En cualquier caso, un cambio de paradigma político-económico en España tiende a imposible dados los cuarenta años de socialdemocracia desde la dictadura de Franco. El liberalismo es tan poco probable como que el conservadurismo se haga a un lado, dejando paso a un progresismo libre de prejuicios.

Otro foco de debate en el que se mueven ciertos economistas es el del control económico de la población que la eliminación del dinero en efectivo traería en el hipotético caso de un aumento radical de la oferta agregada de inversión. Imaginemos una situación en la que un país tiene exceso de ahorro, y existe la necesidad de invertir ese dinero en proyectos para, así, generar rentabilidad. Lo lógico es que al otro lado haya empresas u organismos dispuestos a endeudarse a cambio de unos intereses. Pero pongamos que esas empresas tienen un riesgo de incumplimiento elevado y desincentivan que los ahorradores inviertan en ellas. Dado este caso de elevada oferta y poca demanda, los mercados reaccionan bajando los precios, en este caso bajando los tipos de interés a negativo, obligando no sólo a cobrar al prestamista por prestar su dinero (el banco), sino a repercutir esa pérdida en sus pasivos, es decir, cobrando dichos intereses a los depositantes de dinero en cuentas. Cuando tal situación sucede, el único mecanismo de freno que existe es la retirada de los fondos de los bancos, recuperando el dinero en efectivo. Sin embargo, si no existe dinero en efectivo, al ciudadano sólo que queda la opción de transferir su dinero a otros bancos, pero en un escenario generalizado, tampoco sería la solución, provocando que el banco pueda expoliar libremente el dinero a sus depositantes.

Este útlimo aspecto explicado merece ser tenido muy en cuenta, ya que, si bien es muy poco probable que ocurra en un país perteneciente a la eurozona y regido por el Banco Central Europeo, podría darse el caso extremo de que un gobierno con tendencias totalitarias decida unilateralmente salir de la Unión Europea deviniendo en catástrofe económica, y al no existir dinero en efectivo, pueda disponer del dinero del ciudadano para saquearlo libremente. En cualquier caso, la tecnología está provocando un cambio de paradigma de las relaciones comerciales en los países más desarrollados. Por ejemplo, en Suecia se planteó la misma medida que ahora nos trae el PSOE, y no se ha llevado a cabo porque aun hay muchas personas operando exclusivamente en efectivo. Lo que parece que no es planteable allí es un escenario caótico de hipotético corralito. Nótese la enorme diferencia entre un país con un alto índice de libertad económica y España. Ahora le toca al lector posicionarse a favor o en contra de la medida.