¿Qué consecuencias traería la nacionalización de empresas privadas estratégicas?




Si de algo está poniendo de manifiesto la crisis del coronavirus en España es la megalomanía del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, cuyo narcisismo —sobradamente demostrado desde hace años— le ha catapultado a ser una de las caras más visibles en estos tiempos inciertos, hasta el punto de haber fagocitado al presidente del Gobierno, relegándolo a dar conferencias de prensa inútiles para sus medios de comunicación afines después del cribado censor del que ya hemos hablado en este blog. No obstante, y para continuar biografiando a este peligro público que nos está tocando sufrir, centraremos el tiro en una de sus grandes excitaciones socialistas que, aprovechando el actual estado de alarma nacional, ha deslizado sobre el tablero como si de una jugada de jaque mate se tratase: la nacionalización de empresas privadas estratégicas, como banca y energéticas principalmente.
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general
Iglesias es un acérrimo defensor de la Constitución Española cuando le interesa, y la usa torticeramente para engañar al rebaño, lo cual es sencillo porque muy poca gente se la sabe salvo por obligación.
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
El primer artículo es el 128, que no dudó en usar cuando la situación estaba descontrolada, pero no hizo referencia al segundo, el 38, que reconoce la libertad de empresa en nuestro país. A fin de cuentas, nuestra Carta Magna no contempla las nacionalizaciones al más puro estilo marxista, sino que establece una vía para disponer de algunas empresas privadas momentáneamente y bajo situaciones muy excepcionales para salvaguardar los intereses de la nación. Un ejemplo sería aprestar a una destilería a fabricar hidrogeles debido a su imperiosa necesidad. Por tanto, los planes de Iglesias serían anticonstitucionales. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias si llegasen a aplicarse en un hipotético caso?

Una de las secuelas que dejó la crisis de 2008 y la salvaje corrupción en Bankia fue el rescate con dinero público por valor de 22.424 millones de euros. Muchos se preguntan, incluso hoy en día, por qué se hizo tal cosa, y que ya puestos, tal entidad debería ser pública. Un banco no puede bajar la persiana como sí pueden hacerlo otros negocios, porque hay dinero invertido de muchas personas a las que se arruinaría, proyectos que se paralizarían, empresas que tendrían que cerrar por falta de liquidez al financiarse a través del banco, y a su vez, a través de otras empresas o incluso del Estado. Se generaría un fallo sistémico de la economía cuyo resultado sería catastrófico. Y a diferencia del Banco Popular, ningún otro banco tenía músculo para hacerse cargo dada la crisis, con lo que tuvo que acudir el Estado en socorro. Con estos mimbres, el Estado se hizo con el 60% del capital a través del FROB, pero quedó establecido por ley del Gobierno de Mariano Rajoy que el 31 de diciembre de 2019 volvería a ser una entidad privada para así poder devolver el rescate.

Uno de las iniciativas del partido morado fue continuar con esa nacionalización de Bankia, aunque el BCE no lo hubiera tolerado en España conociendo al promotor de la idea. No obstante, en otros países de la Unión, como Alemania y Países Bajos, existen bancos públicos y privados en competencia, aunque son más parecidos al ICO español que a un banco al uso. Pero la idea de Iglesias era precisamente esa, fusionar el ICO y Bankia para ofrecer "financiación social" que ayudase a autónomos y pymes, revirtiendo las ganancias en los ciudadanos. La idea no es mala, al contrario, siempre y cuando exista raciocinio en las políticas de la entidad y no se convierta en un mecanismo populista que acabe condenándola a la ruina —algo que muy probablemente acabase ocurriendo—. Pero la intención de Iglesias no acaba en Bankia, sino en monopolizar el sistema bancario español, las energéticas y todas las empresas privadas estratégicas. El libre mercado es su archienemigo, que utiliza la competencia como sistema opresor del trabajador, y la ley de la oferta y la demanda como ariete que golpea a las clases sociales más vulnerables. Obviamente su delirio comunista es una entelequia irrealizable en una democracia —no en vano, el mismo Iglesias dijo en una charla que sólo le valía gobernar con mayoría absoluta—, y parece poco probable que el electorado español caiga tan bajo.

La historia empresarial de España nos ha dejado muchos casos de empresas estratégicas públicas, fundadas durante dictaduras. Iberia fue creada en 1927 durante la dictadura de Primo de Rivera, y privatizada en los noventa después de una mala gestión que casi acabó con ella. Endesa (Empresa Nacional de Electricidad, SA) se creó en 1944 durante el franquismo y fue privatizada en 1988 mediante una OPA. Telefónica y Repsol (su gasística Gas Natural, ahora llamada Naturgy, se creó en 1991), también fundadas durante la dictadura de Primo de Rivera, fueron privatizadas en los noventa mediante OPAs. Puede observar el lector, cómo las dictaduras antisocialistas que tuvo España también crearon y mantuvieron un entramado empresarial público, y en la mayoría de los casos fueron solventes, pero la crisis de 1993, durante el gobierno socialista de Felipe González, provocó su necesaria privatización para obtener liquidez y poder hacer frente a la inflación y a los gastos derivados de los JJOO de Barcelona, la Expo de Sevilla en 1992 y la creación del AVE.

Por tanto, y para responder a la pregunta del encabezado, basta con ver quién promueve la iniciativa para echarse a temblar. Lo más seguro es que las inversiones cayesen en picado ante el temor de los inversores, se interviniesen los precios de los productos generando competencia desleal, se colapsaría el mercado ante tales precios manipulados, los empleados públicos, como meros burócratas, sucumbirían a la desmotivación y la incompetencia, y la falta de financiación provocaría la bancarrota. El capitalismo sufre las crisis como la del coronavirus, pero el socialismo se hunde de tal forma que hay que acudir al capitalismo para arreglarlo. No permitamos tropezar con la misma piedra por enésima vez.