¿Es el ingreso mínimo vital un paso previo a la renta básica universal?




La actual crisis del coronavirus está provocando que el escenario económico cambie demasiado rápido para lo que la sociedad puede digerir. Salen constantemente estudios y predicciones sobre destrucción de empleo, cierre de empresas, decremento interanual del PIB o personas que pueden caer bajo el umbral de pobreza. Muchos valores, curvas y métricas que, en resumen, nos vienen a mostrar la cruda realidad que nos espera a corto, medio y largo plazo. El Gobierno se ha venido movilizando para aplicar medidas, con más o menos lógica, que aplaquen tales adversidades. La última de estas es lo que se ha dado en llamar "ingreso mínimo vital", cuya aprobación está provocando desavenencias entre los dos partidos de la coalición. Más allá de la gresca entre el ministro de Seguridad Social (PSOE) y el vicepresidente de Asuntos Sociales (Podemos) —entendiendo claramente el electoralismo del segundo—, queda por dirimir las cuestiones técnicas más importantes: cuantía, temporalidad, requisitos de acogida, compatibilidad con otros subsidios o interdependencia de otros factores —verbigracia, conseguir un empleo y de qué tipo o duración—. Lo que sí se han apresurado a comunicar es el número de personas que podrían verse beneficiadas: en torno a tres millones —la propaganda siempre por delante—.

Lo que sí sabemos es que el ingreso mínimo vital no es lo mismo que la renta básica universal, medida que también defienden Podemos y sus principales ideólogos. El primero es una ayuda económica destinada a las personas más desfavorecidas y que están en grave riesgo de exclusión social. El objetivo es que dispongan de la suficiente liquidez para subsistir, y además puedan recurrir a dicho dinero para reciclarse formativamente y posicionarse en el mercado laboral. Tal medida, dada la coyuntura actual, es tan noble como perversa, ya que puede incurrir en todo lo contrario a lo que pretende solucionar, esto es, desincentivar la búsqueda activa de empleo de los beneficiarios a la vez que los atrae hacia la economía sumergida mediante la realización de trabajos en negro. Es por esto que sea imprescindible detallar los pormenores de esta ayuda, y que se haga un seguimiento correcto para evitar la picaresca en la medida de lo posible, además de estudiar cada caso individualmente para dotar de la cantidad mínima vital —tal y como anuncia el título—, porque una generalización alcista —en función de algún baremo, se entiende— contribuiría a lo antes mencionado. La segunda, la renta básica universal, es un ingreso para todos los ciudadanos por el hecho de ser ciudadanos de España, y no está condicionado a nada, es decir, los beneficiarios pueden estar trabajando, en paro, o directamente no querer trabajar, pueden ser pobres o ricos, o pueden cobrar otros subsidios. En este caso, tal medida no tiene nada de noble y sí todo de perverso, porque generaría situaciones indecentes de apalancamiento social y laboral.

¿Se puede decir que el ingreso mínimo vital dará pie a una hipotética renta básica universal? Parece poco improbable si España se mueve por la vía de la sensatez —aunque es mejor no apostar—. No obstante, ningún país del mundo lo ha implementado. Finlandia lo experimentó con un grupo poblacional aleatorio durante dos años, pero los resultados nacían sesgados al existir un límite temporal, y Suiza lo descartó después de un referéndum en el que ganó el no de forma aplastante. Por otro lado, la renta básica universal sólo sería financiable con una redistribución de la riqueza acorde a los regímenes socialistas más radicales, algo que es difícilmente imaginable en un Estado de Derecho democrático como el español. Tal escenario sería fruto de una deriva totalitaria como la de la mayoría de los "paraísos" socialistas presentes y pasados, y el resultado es de sobra conocido. Mientras, el ingreso mínimo vital es fácilmente financiable mediante una mejor redistribución del gasto público, aunque el actual Gobierno acuda a la deuda pública para costearlo al no tener disponibles unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, el ingreso mínimo vital sí puede ser una medida que, de aplicarse con toda la seriedad necesaria, ayude a personas en una situación de vulnerabilidad dado el contexto económico y laboral que nos deja el coronavirus, pero por contra, la renta básica universal, en los términos expuestos, sería de todo punto intolerable en un sistema mínimamente liberal y democrático. Cabe destacar, por último, que hay Comunidades Autónomas, como Euskadi, que ya disponen de un ingreso mínimo u otros subsidios para casos de imperiosa necesidad. No parece tener mucho sentido abogar por una "nación de naciones" como defiende Podemos, o lo que es lo mismo, descentralizar poderes hacia las autonomías, y a su vez luchar por medidas centralizadoras como la que nos ocupa. Más bien suena, otra vez, a un ejercicio de populismo barato que busca comprar votantes para la causa morada, aprovechándose de su posición de poder y preocupándose poco o nada del brutal déficit público que esta crisis va a dejar.