¿Conocemos bien las consecuencias de esta medida?




Según la teoría del capital de Marx, la plusvalía es la diferencia de lo que cuesta producir un bien y lo que el trabajador cobra por el trabajo de producirlo. Se da por hecho que toda plusvalía beneficia al empresario, es decir, si fabricar un producto cuesta 1000, y el trabajador que lo fabrica cobra 900, esos 100 sería la plusvalía que se quedaría el empresario capitalista. Ahora bien, supongamos que para luchar contra lo que se considera precariedad laboral, el Estado obliga al empresario a pagar a ese trabajador 1100 por producir el mismo producto. Se generaría una minusvalía de 100, lo cual provocaría que el empresario pierda dinero.

Ahora añadamos el PIB per capita y el precio de venta del producto a la ecuación del cálculo de la plusvalía, y situemos el negocio antes mencionado en Extremadura, la región con menor PIB per capita, y en Madrid, la región con mayor PIB per capita. En Extremadura, el empresario, para poder compensar las pérdidas producidas por el aumento del salario de su trabajador, sube el precio de venta del producto a 1200, pero sus clientes dejan de comprarlo, ya que al tener un PIB tan bajo, no pueden hacer frente a ese incremento. En cambio, en Madrid, al haber mucha más competencia, el empresario mantiene el mismo precio pero decide bajar la calidad del producto, con lo que el coste de producción baja a 800 en vez de 1000. Al principio parece que la táctica funciona, pero al cabo de un tiempo, los clientes dejan de comprarlo al saberse perjudicados.

El resultado final es que el empresario tiene que cerrar el negocio, el Estado tiene que pagar una prestación por desempleo al trabajador y un subsidio al empresario, los habitantes de Extremadura y Madrid se quedan sin un producto valorado en el mercado, el Estado deja de ingresar el IRPF del trabajador, la cuota de autónomo del empresario, los seguros sociales de ambos, y el IVA derivado de la venta del producto, así como de los productos intermedios.

La moraleja que se puede extraer es que los incrementos del salario mínimo han de hacerse muy progresivamente y, sobre todo, atendiendo a los muchos factores que se dan en el mercado laboral. Las empresas que sobrevivan serán las más fuertes —por simple lógica darwinista—, favoreciendo así la creación de oligopolios y monopolios al haberse eliminado los pequeños competidores. Ya ocurre con las grandes corporaciones como Amazon, Carrefour, Ikea, Leroy Merlin, Mercadona, MediaMarkt, etcétera. Si ya la propia competencia, muchas veces inasumible, machaca al pequeño comercio, unas subidas salariales tan drásticas como la planteada suponen matarlo directamente. Y es que resulta, cuando menos, paradójico cómo los sindicatos claman por su implantación inmediata, aun sabiendo que habrá trabajadores que pierdan su empleo o que pasen a cobrar en negro. ¿Esos trabajadores no les importan? ¿Sólo les interesan los de las grandes empresas, donde más presión ejercen y donde justifican su función? Recordemos que el 94,8% de las empresas españolas son micropymes, es decir, tienen plantillas inferiores a diez empleados.

En otro post se analizarán, más profundamente, las alternativas racionales a las desproporcionadas subidas del salario mínimo, y que no suponen un movimiento populista y electoralista, porque el trabajo es mucho más serio que un juego como para que que ciertos partidos hagan trampas con él.