¿Hay que proteger los salarios o subordinarlos a la productividad de las empresas?


En el último post se habló de cómo una subida insensata del salario mínimo podría llegar a ser muy perjudicial para ciertas empresas, autónomos y trabajadores, pero debemos conocer el contexto laboral actual para empezar a proponer alternativas razonables y viables. La clave sobre la que se sostiene la bóveda de cualquier sistema económico es la productividad, y mientras sigamos a la cola de las grandes potencias europeas en este aspecto, políticas intervencionistas en materia salarial solo harán que acentuar el problema.

Llamamos sectores poco productivos a los que son ineficientes a la hora de usar los factores de producción (trabajo y capital), o por decirlo de otro modo, que no logran generar suficiente riqueza por defectos en la combinación de estos factores. Estos son la hostelería, la construcción y las administraciones públicas —más si cabe en un Estado hipertrofiado como el nuestro—. Por contra, los sectores productivos son la industria en general y la empresas más tecnológicas, como entidades financieras, empresas de informática, robótica, telecomunicaciones, energía, farmacéutica, etc. No es casualidad que los primeros se correspondan con empresas de pequeño tamaño, con demasiada rotación de personal —en muchos casos no cualificado—, dependientes del turismo y la estacionalidad, y es de suponer que bajo estas características sea difícil que puedan elevar su productividad.

También se mencionó que casi el 95% de las empresas españolas son micropymes, si bien esto no quiere decir que todas sean ineficientes, nos podemos hacer una idea de la situación en la que nos movemos. No en vano, una pyme no suele tener capital suficiente para invertir en bienes de producción —tecnología— que la hagan más productiva, trabaja con rentabilidades muy estrechas y cualquier bandazo intervencionista del Estado es poco menos que un seísmo. Estas circunstancias dibujan el contexto laboral español: carencia de tejido industrial y economía basada en el turismo.

Por tanto, ¿yerra el nuevo Gobierno con sus políticas de aumento de sueldo hasta los 1.200 euros? Claramente sí, y por varios motivos que se enumeran a continuación:
  • La anterior subida del SMI fue del 22,3%, cuando la media de la última década fue de 1,8%. La nueva subida para este 2020 será del 11,1%. Una barbaridad si observamos que el incremento del IPC viene siendo del 1,2%.
  • Se pretende aplicar a todo el conjunto de la nación, sin atender al PIB per capita de las diferentes regiones. Es mucho más gravoso aplicarlo en Andalucía que en Euskadi.
  • No se hace distinción sectorial, según lo antes expuesto. El impacto es mucho mayor en un restaurante que en un banco.
  • Se obvia que a mayor salario, más seguros sociales tiene que pagar la empresa*, y más caro se hace el despido, fomentando así la temporalidad y la economía sumergida.
La solución pasa, sin duda, por aumentos progresivos y cuidadosos del salario mínimo, intentado, al menos, minimizar los perjuicios antes listados, sobre todo mientras la productividad siga estancada. Pero es una medida que no da votos en el juego electoral. No obstante, existe una alternativa implantada en varios países de Europa (Suiza, Noruega, Islandia, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia y Chipre), y es la eliminación del SMI, tratando al mercado laboral como a cualquier mercado. Puede parecer una locura, pero estos nueve países son los que registran el paro más bajo y sueldo medio más alto del continente. En un próximo post se analizará si es viable en España.

*El SMI actual está cifrado en términos netos para catorce pagas a 900€ cada una (1.050€ brutos), lo que hace un neto anual de 12.600€. El coste total para la empresa después de cotizaciones sociales es de 1.543,50€. Con el anterior SMI de 736€, el coste para la empresa era de poco más de 1.200€.