¿Cuál es el retorno real de la inversión para las arcas municipales?




Cuando un municipio se embarca en un proyecto que conlleva una inversión pública, se espera que exista un retorno mayor a esta, de tal modo que el balance final sea lo más rentable posible. Esto que parece una obviedad guarda una segunda lectura que se nos suele escapar. Para iluminar esta cara oculta que no cuentan los medios, utilizaremos un ejemplo apropiado en estas fechas: la carrera de algunas ciudades por tener las mejores y más atrayentes luces navideñas. Supongamos que el Consistorio de cierta localidad ha invertido casi cinco millones de euros (IVA incluido) en un contrato a varios años, y aunque no conocemos el monto por año, podemos deducirlo sabiendo que en 2018 la inversión fue, contando todas las rúbricas, de un millón. Como no ha terminado la actual campaña navideña, tomaremos las últimas cifras conocidas para estimar la recaudación derivada, las cuales arrojaron que fue 25 veces mayor a la inversión. Por tanto, este año se prevé superar holgadamente los 25 millones de euros.

Los números expuestos son más que positivos, pero la pregunta es: ¿qué porcentaje de ese retorno acaba rellenando las arcas municipales? Antes de responder debemos pararnos a observar que el gran beneficiario de este tipo de inversiones es el sector hostelero. Hoteles, restaurantes, bares..., como cualquier otra sociedad, pagan por un lado impuestos directos a nivel estatal, como es el Impuesto sobre Sociedades, y a nivel local, estos son el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles —bien teniendo el espacio en propiedad, o bien asumiendo la parte proporcional en el alquiler del mismo—; y por otro lado impuestos indirectos, estos son el IVA y los impuestos especiales. De todos ellos, sólo el IVA y algunos impuestos especiales son variables en función del consumo, es decir, cuanto más se gaste mayor será la recaudación tributaria. Pero se trata de impuestos estatales, con lo que el erario local no se beneficia por este lado, salvo en los casos de cesión tributaria parcial*. Sin embargo, y en el mejor de los escenarios, no se llega ni siquiera a recuperar lo invertido, aun sumando los ingresos relacionados con el transporte u otros servicios públicos. Analizadas estas premisas, y suponiendo que no se ha negociado algún tipo de contraprestación con el sector hostelero en alguna de estas ciudades, ¿estamos ante un caso de gasto público justo? ¿Todos los ciudadanos ganan en este juego? Veámoslo.

No cabe duda de que este tipo de eventos generan muchos beneficios pero, como en todo, habrá quien no lo disfrute de la misma forma: por ejemplo, una "invasión" turística perjudica la movilidad, incrementa el ruido, atrae al hurto fácil, etcétera. Huelga decir que algunos ciudadanos que sufren estos inconvenientes no querrán que se gaste el dinero que ellos contribuyen a recaudar con sus impuestos, con lo que resulta evidente que los ayuntamientos de estas localidades no deberían hacer uso de sus fondos públicos para beneficiar a unos pocos. ¿Estamos ante un flagrante caso de clientelismo político? Será el lector quien responda. En cualquier caso, como es imposible someter a referéndum todas las decisiones, lo lógico sería que iniciativas de este tipo se financiasen con colectas entre los afectados. Es decir, si el sector hostelero de una ciudad calcula un éxito de turismo y consumo, que paguen el coste de la inversión estableciendo un contrato colectivo, mediante el cual, cada sociedad individual aporte en función a unas variables pactadas, como pueden ser el tipo de negocio, facturación anual, metros cuadrados de superficie total, número de empleados, etcétera, o una combinación de varias, para que dicho aporte sea lo más equitativo posible. Sin embargo, esta medida no es perfecta, pues siempre surgen free riders (gorrones) que se quieran beneficiar sin pagar su parte, aunque al ser un problema conocido, existen medidas para evitarlo, o al menos mitigarlo.

En resumen, lo que parece una perfecta iniciativa para atraer turismo a una localidad, y que ésta derive en riqueza y prosperidad —objetivo que sin duda logra—, esconde también intereses espurios. No se explica sino que se invierta un dinero público sin que el retorno de esa inversión esté lejos de cubrir los costes, o lo que es lo mismo, nadie da duros a cuatro pesetas. Parece que estamos una vez más ante la típica trampa del juego electoral, y ya sabemos quién gana y quién pierde la partida.


*Según el art. 112 de la LRHL, los Ayuntamientos de más de 75.000 habitantes, o capitales de provincia o de Comunidad Autónoma, disponen del 2,3266% de la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido imputable a cada municipio, y del 2,9220% de la recaudación líquida imputable a cada municipio por los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre Labores de Tabaco.