El Presidente del Gobierno está pagando sus deudas religiosamente.
No se puede decir que Pedro Sánchez no cumpla con sus promesas electorales en tiempo y forma, puesto que ya ha subido las pensiones, va a subir el sueldo a los funcionarios, y en breve, la ministra de Trabajo va a negociar la subida del salario mínimo. Además es un buen pagador, si bien no conocemos cómo pretende devolver la ingente deuda, al menos sabemos que cumplirá con los chantajes contraídos con todos los partidos que le han aupado al poder. Y es que ayer mismo se dieron varios hechos que demuestran que en política nada es gratis. El Gobierno, por un lado, declaró la emergencia climática en España, y por otro, empezó a asomar la patita de la pretensión de reformar el Código Penal para rebajar las penas por los delitos de sedición, casualmente ahora que hay políticos catalanes presos por este motivo.
Es cierto que la subida del salario a los funcionarios fue una medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que no llegó a hacer efectiva, con lo que es lógico y decente que el actual Gobierno la aplique. Estamos hablando de un aumento del 2% con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020, afectará a más de 2,5 millones de empleados, y supondrá un coste de algo más de 3.200 millones de euros. No nos olvidemos que la Administración es un sector no productivo, ya que no genera riqueza, sino todo lo contrario. Será materia de exhaustivo análisis, para futuros posts, cómo se podría reducir este desmesurado gasto público de este hipertrofiado Estado.
En cuanto a la declaración de la emergencia climática nacional, no tenemos nada que temer. Se trata de una figura simbólica que no existe en nuestra legislación, pero que da pie a establecer medidas contra el cambio climático, algo que lleva pidiendo Unidas Podemos desde hace tiempo. El objetivo del nuevo Gobierno es llegar a 2050 siendo un país "cero emisiones", a través de la eliminación de la dependencia de los combustibles fósiles para la generación de electricidad y la movilidad terrestre. Para tal ambiciosa empresa se prevé que haya que provisionar más de 200.000 millones de euros, sólo en la década que acabamos de comenzar.
Y quizá, el hecho más llamativo es que haya tardado tan poco en empezar a devolver el favor a los partidos independentistas catalanes, ya que, en una entrevista en la televisión pública, Pedro Sánchez se mostraba proactivo a modificar el Código Penal para rebajar las penas por sedición. Si en octubre, el Tribunal Supremo, dictaminó una rebaja del delito de rebelión al de sedición, con un hipotético abaratamiento de dicho delito, los presos del "proces" estarán en libertad mucho antes de lo previsto.
Por último, aunque no sea a nivel nacional, cabe destacar que el cuatripartito navarro, con el PSOE de María Chivite al frente más Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, ha sido capaz de desbloquear los presupuestos de la Comunidad Foral gracias al apoyo de Bildu. Cuatro jugadores, que no rivales, de una misma partida, en la que el tablero lo ponen los herederos de ETA. ¿Quién da más?
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