¿Quién gana y quién pierde con este tipo luchas de poder?




Como un trueno ha resonado la medida del pin parental que VOX Murcia exige que se implante en el sistema educativo de la región, como paso para desbloquear los presupuestos. El objetivo que persigue el partido ultraconservador de Abascal es dotar a los padres de la libertad educacional de sus hijos en cuanto a actividades extraescolares se refiere, es decir, propugnan la capacidad de veto a la asistencia a “charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”. Argumentan que este tipo de intervenciones extracurriculares ocultan cierto adoctrinamiento a los niños en materia sexual o ideológica, y si existen familias contrarias a tales enseñanzas —fuera de las materias habituales del horario lectivo—, que se les otorgue la facultad de elegir si sus hijos las reciben o no. Tal medida parece lógica si nos atenemos a que son los padres, en primera instancia, quienes eligen la educación que quieren para sus hijos. No obstante, las críticas del nuevo Gobierno se basan en que los hijos no son propiedad de sus padres, con lo que no pueden vetar, o incluso censurar, esos contenidos, que buscan educar a los niños en la igualdad sexual y en derribar los tradicionales estereotipos de género. Y como era de esperar, desde cada lado del tablero se procuran andanadas de críticas y amenazas con los niños en medio. Con todo, este escenario desprende dos preguntas: ¿de quién son los hijos, de sus padres o del Estado? ¿quién debería ser el beneficiado con la aprobación, o no, del pin parental?

Para responder a la primera pregunta tenemos que tomar el ordenamiento jurídico vigente, en el que se especifica que un menor, al no ser un objeto sino un sujeto de derecho, no pertenece a sus padres. Sin embargo, aparece el concepto jurídico patria potestad, que se define como el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres del menor, como tutores legales, para garantizar la manutención física y educativa del mismo hasta el momento de la mayoría de edad o de la emancipación. Por tanto, es cierto que los padres no son los propietarios de sus hijos, sino sus tutores, y como tales han de mantenerlos conforme dictan las leyes. En caso de que los padres desatendiesen a sus hijos, pudiendo estos caer en una hipotética desnutrición o desescolarización, el Estado podría quitarles la patria potestad. Ahora bien, esto no significa que el Estado tenga el derecho a imponer unos contenidos educativos, aprovechándose de la posición de autoridad que ejerce sobre la ciudadanía, por muy nobles que sean sus causas. Al contrario, tal caso no debería darse en una sociedad democrática como la nuestra, porque se incurriría en autoritarismos que doblegarían nuestra libertad de elección. Pero quizá lo más sangrante de este enredo es que haya colectivos que amparen este tipo de enseñanzas bajo las soflamas feministas radicales, argumentando que es un mecanismo para prevenir la violencia machista. Que a nadie le quepa la duda de que si este tipo de talleres versasen sobre la religión católica y el catecismo, estos colectivos serían los primeros en exigir el pin parental.

La segunda pregunta tiene, a priori, fácil respuesta: los niños, pero ahondemos en el asunto. Se supone que la pretensión de VOX es que sean los padres los que tengan la libertad de elegir la mejor educación para sus hijos, pero ¿saben los padres cuál es la mejor educación para sus hijos? Han existido, existen y existirán muchos casos en los que los padres no eduquen correctamente a sus vástagos, o incluso, estos sean ajenos a otro tipo de enseñanzas que reciben, con lo que es muy difícil dar con la educación perfecta. Por tanto, podríamos decir que la adopción del pin parental beneficia más a los padres que a los hijos, en tanto en cuanto se desconoce cuál es la directriz exacta. Entonces, ¿es necesaria la intervención del Estado, con el Gobierno de turno, para garantizar la correcta educación de los niños, siendo en este caso la no adopción del pin parental? Pues tampoco, porque mientras no exista consenso entre toda la clase política en materia educativa, jamás sabremos cuál es la correcta educación. De modo que, podemos asumir que este tipo de medidas obedecen a estrategias electoralistas donde los beneficiados son los políticos. Estamos, pues, ante una dicotomía de difícil solución, ya que toda medida que tenga que ver con la educación de los menores ha de ser enfocada siempre en beneficio de estos, y no de sus padres, y mucho menos de los políticos. ¿Por dónde pasa la solución? Puede que no haya una solución perfecta, pero se supone que los padres quieren lo mejor para sus hijos, sin intereses perversos que sí pueden tener los gobiernos, como asegurarse futuros votantes.